Marcelo Moretti, quien ocupa el cargo de presidente del San Lorenzo en licencia, había sido convocado a indagatoria por el escándalo en el que se menciona el pago de 25 mil dólares relacionados con el fichaje de un juvenil del club.

La investigación se originó por parte de la Fiscalía especializada en eventos masivos de Buenos Aires, luego de la difusión de una grabación oculta en el programa "TL9 Denuncia".

Otro de los implicados en este caso es Francisco Sánchez Gamino, quien en el momento ejercía como funcionario en la jefatura de Gabinete de la Nación. Este individuo también había sido destituido de su puesto debido a las repercusiones del escándalo.

En cuanto a los delitos que la Fiscalía porteña investiga a Moretti, se desglosan de la siguiente manera:

• La supuesta recepción irregular de 25 mil dólares por la incorporación de un menor a las divisiones inferiores del club, sin ningún respaldo institucional ni ingreso registrado de dicha suma.
• La contratación sin autorización de un vuelo charter y de alojamiento por un total de 220 mil dólares para llevar al plantel y simpatizantes a Ecuador, con uso de fondos del club y careciendo de la adecuada aprobación de los órganos de control.

Los hechos referidos se encuentran en proceso de investigación por defraudación por administración infiel (art. 173 inc. 7 CP) y, en el segundo caso, también como facilitación de grupos dedicados a la comisión de delitos (Ley 24.192).

En el marco de la causa, se han llevado a cabo las siguientes acciones:

• Se realizaron allanamientos en las instalaciones del Club San Lorenzo, así como en los domicilios de Moretti y Sánchez Gamino. Esta acción había sido autorizada por el Juzgado penal contravencional y de faltas 4, a cargo de la Dra. Rocío López Di Muro, a solicitud de la Fiscalía, y contó con la participación del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal porteño.
• Se secuestraron teléfonos celulares y se iniciaron pericias forenses sobre su contenido.
• Se incautaron libros contables del club para su correspondiente análisis.
• Se tomaron declaraciones testimoniales de todas las personas que aparecen en los videos difundidos.
• Se solicitó el video original (sin editar) a la productora que lo emitió.
• Se requirió información a la AFA sobre la inscripción del menor involucrado.
• Se pidió información a la aerolínea y al hotel en Quito, así como un seguimiento de los pagos realizados para verificar el uso de fondos institucionales.
• Finalmente, la Fiscalía pidió que las causas actualmente en trámite en los juzgados nacionales permanezcan en el fuero de la jurisdicción porteña.